Habitantes del Bajo Lempa en Tecoluca, San Vicente se han visto fuertemente afectadas debido a las Enfermedades Renales Crónicas (ERC) a causa del riego masivo de agrotóxicos en el monocultivo de caña que rodea las comunidades. Debido al COVID-19 campesinos y agricultores en su mayoría, relatan como esta situación se ha recrudecido por la paralización de la economía incluyendo el transporte y la alimentación.
En el caserío Los Naranjos, Carlos Alberto Barahona, de 38 años, rompe en llanto al recordar el giro de 90 grados que dio su vida hace ocho años, luego de diagnosticarle Insuficiencia Renal Crónica (ERC), una afectación en sus riñones que le impide filtrar normalmente la sangre de los desechos del organismo.
Las comunidades del Bajo Lempa han condenado por años el poco interés de las autoridades gubernamentales ante la destrucción masiva que los ingenios azucareros a través de sus productores han generado en las zonas boscosas.
La falta de transparencia en compras estatales, el inadecuado manejo y respuesta sanitaria y la inminente crisis económica que se avecina han elevado la vulnerabilidad de los derechos humanos de la población centroamericana, reiteraron representantes de diversas organizaciones ambientalistas que se aglutinan en la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).
“La población rural necesita de la atención en salud, educación y seguridad alimentaria”, dijo Gertrudis Mejía, tesorera de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), al señalar que la Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus ha perjudicado a fondo la frágil economía de las comunidades rurales.
