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Organizaciones y redes ambientalistas hacen un llamado al Gobierno de El Salvador a firmar, ratificar e implementar el <<Acuerdo de Escazú>> que tiene como propósito principal, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación publica en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y proteger a las personas defensoras del ambiente.

Este martes 08 de septiembre conversamos sobre el “Derecho humano al agua y al saneamiento: De la creación a la Constitución”, con Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás y Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD; ambos de la Alianza por el Derecho Humano al Agua.

“En las emergencia de la pandemia del coronavirus y la emergencia por las inundaciones de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las personas con enfermedades crónicas han sido los más afectados y afectadas”, argumentó, Bernardo Belloso, de CRIPDES, al señalar el aumento en los costos económicos por el traslado de los pacientes renales a los establecimientos de salud o compra de medicamentos en San Salvador.

Comunidades del municipio de Tecoluca, en San Vicente, denunciaron ser afectados por las malas políticas del gobierno en la gestión por la pandemia covid-19.

Las comunidades del Bajo Lempa en Tecoluca sufren de las más altas tasas de prevalencia de casos de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica en el país. Equivalente a 61.9 personas por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con miembros de la comunidad, existe hasta una persona por familia con este padecimiento.

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