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COMUNICADO
PROYECTO CERRO BLANCO EN ASUNCIÓN MITA, GUATEMALA ES TÓXICO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD
Desde el año 2007, hace 14 años ENTREMARES S.A. obtuvo la licencia de explotación del proyecto minero Cerro Blanco, gracias a los favores recibidos de parte del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que le aprobó un pésimo estudio de impacto ambiental, a pesar de que el equipo de Gestión ambiental del Ministerio, lo rechazo en dos ocasiones por las inconsistencias y falta de información donde aseguraban que no habría impactos al ambiente y a la población.
14 años después se han acumulado una serie de impactos que ponen en riesgo el agua, el ambiente, y la salud de los habitantes de Asunción Mita. El daño alcanza también a la población salvadoreña al contaminar la cuenca media del Rio Lempa lo que afectaría a más de 6 millones de salvadoreños.
Las ilegalidades y abusos cometidos por Entremares S.A. y su fracasado proyecto minero Cerro Blanco, nunca pudieron extraer un gramo de oro, por causa del pésimo Estudio de Impacto Ambiental, que le fue aprobado fraudulentamente por el Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Energía y Minas les aprobara la licencia de explotación minera, y protegiera los intereses de un proyecto fracasado durante 14 años.
Luego Entremares S.A. se asoció con Gold Corp, empresa canadiense que al darse cuenta de que el proyecto minero era un fracaso anuncio en 2013 que vendería sus acciones, Así Entremares S.A. se quedó solamente protegido por el MEM que les mantuvo vigente la licencia de explotación inventando que la mina estaba en fase de mantenimiento, situación no prevista en la ley de Minería, a pesar de que el MEM debió haber cancelado esta licencia en 2010, pues la ley de Minería ordena que si la empresa en 2 años no ha extraído material y no ha tributado al Estado, debe ser cancelada y cerrada, pues lo único que ha extraído Cerro blanco durante 14 años es un gran volumen de agua termal, rica en arsénico y otros metales, causando graves impactos sociales y ambientales en el territorio de Asunción Mita.
Ahora ENTREMARES S.A. aprovechando que el Ministerio de Energía y Minas incumplió la ley y sus deberes al no cancelarles la licencia de explotación, les dio tiempo necesario para que la empresa Gold Corp pudiera vender los derechos mineros a una empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, que pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la metodología de minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irremediables e irreversibles.
La mina cerro blanco no solo no fue aprobada legalmente, sino que además incumplió con la ley en 2007, al no informar ni consultar debidamente a los vecinos de Asunción Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente y tampoco dimensiono los impactos más allá de la frontera pues la contaminación se extenderá hacia la cuenca baja del río lempa afectando a millones de salvadoreños. No podemos permitir que se repita la violación continuada del derecho a la información y consulta a los vecinos.
La mina Cerro Blanco en 14 años de fracaso, ha causado la contaminación de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador, también ha contribuido al secamiento de fuentes de agua como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa freática y obligando a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua, con una minería a tajo abierto, se desequilibran las aguas termales y contaminaran las aguas subterráneas, los pozos se secaran y las aldeas cercanas no podrán acceder al agua, lo que causaría daños a la agricultura y principalmente a la salud de las personas.
La Nueva empresa que recién se cambió el nombre de Entremares S.A. a ELEVAR RESOURCES está tratando de comprar la voluntad de las comunidades cercanas, con ofrecimientos de carreteras, pintura de escuelas, ofreciendo trabajo igual como hizo en 2007 y después al fracasar su proyecto, despidió a la gente de las aldeas incumpliendo sus promesas, muchos trabajaron sin prestaciones laborales, otros tuvieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica, ahora esos trabajos técnicos son para otros que no son de las comunidades.
BLUESTONE RESOURCES, aun no cuenta con la licencia ambiental y el Ministerio de ambiente no les ha exigido como nuevos dueños la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, como corresponde sino que lo presentan como una actualización del pésimo y fracasado estudio que nunca les permitió trabajar, lo cual pone en riesgo el patrimonio y la vida de las personas de Asunción Mita, Jutiapa, esto sería un acto criminal pues no han informado debidamente a la población y a sus autoridades para reflexionar y enterarse de los peligrosos impactos que trae la minería a cielo abierto para el presente y futuro del municipio, lo que amerita en base a nuestras leyes y al Código Municipal vigente que los vecinos decidan libremente y a conciencia si están de acuerdo o no con este proyecto que pone en grave peligro la vida, el agua, el territorio, la Biodiversidad, la salud y el futuro de las nuevas generaciones de Asunción Mita y El Salvador.
La empresa pretende con ofrecimientos de proyectos, becas y trabajos disfrazar una verdadera consulta y simular que se consultó debidamente a los vecinos, si la gente no está informada ni conoce verdaderamente los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas, no está en condiciones de ejercer su libre determinación, por lo que se hace necesaria y urgente la realización de una consulta de vecinos, para informar y consultar debidamente a todos los habitantes de Asunción Mita, fundamentada la Constitución Política de la República y en el Código Municipal vigente.
La empresa ELEVAR RESOURCES pretende llevarse 2,400,000 onzas de Oro, a $ 1,804.09 dólares la onza. Que equivale a un total de $ 4,329,816,000.00 más 10 millones de onzas de plata que equivalen a $ 220,000,000.00 que sería su ganancia real, mientras el Estado percibiría en 10 años en impuestos y regalías apenas Q. 25,000.000.00 y a la Población de Asunción Mita solamente le quedaran, el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y un conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud a la población de Asunción Mita y El Salvador por riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer, así que debemos decidir y valorar que, si bien EL ORO TIENE PRECIO, LA VIDA NO.
Ante esta situación
Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de la empresa BLUESTONE RESOURCES – ELEVAR RESOURCES que pretende engañar otra vez a las comunidades y presentarse como una empresa nueva, pero que sigue con las mismas ilegalidades, engaños y violaciones de derechos heredados de la empresa delincuente Entremares S.A. Así los ofrecimientos de proyectos, abono, dinero, becas y trabajos, lo presentaran como una encuesta, como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas, ante esto se debe respetar el derecho a información y consulta y los Derechos Humanos de los pueblos de Guatemala y El Salvador.
Los guatemaltecos, salvadoreños y vecinos conscientes de Asunción Mita, exigimos la no aprobación de la licencia ambiental y el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que sigue vivo gracias a la corrupción de funcionarios negligentes que son los responsables de haber permitido la contaminación del municipio de Asunción Mita y la cuenca del Rio Ostúa, El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.
NO AL PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, SI AL AGUA Y A LA VIDA DE LOS PUEBLOS.
- SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE ASUNCIÓN MITA Y EL SALVADOR,
- COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN, PROVINCIA FRANCISCANA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE C.A.P. Y LA MISION DE LA SANTA CRUZ EN HAITI.
- COLECTIVO MADRESELVA
- ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERÍA -ACAFREMIN-
Guatemala 15 de diciembre de 2021.
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Un grupo de diversas redes de organizaciones sociales y medio ambientales denunciaron sentirse preocupadas ante la amenaza de que el gobierno de El Salvador permita la reactivación de la actividad minera metálica en el país, lo que vendría a agravar la crisis hídrica, los niveles de contaminación ambiental y exponer la vida de las familias en las comunidades.
La posibilidad de que se reactive la minería metálica surge a raíz de las reuniones que ha sostenido representantes del gobierno con delegados del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros.
El Salvador mantiene, desde hace cuatro años, una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, como resultado de la lucha de las organizaciones sociales y medio ambientales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño actual se ha caracterizado por transgredir leyes, reglamentos, derechos constitucionales y humanos impulsando políticas inconsultas, lo que agudiza aún más la alerta en las comunidades y organizaciones sobre la posible reversión de la prohibición.
La explotación minera ha impuesto en varios países centroamericanos una situación de crisis que golpea a las familias de las comunidades más pobres y necesitadas. Para el caso en Guatemala la mina Cerro Blanco amenaza con realizar actividades a cielo abierto lo provocaría la devastación del cerro y la contaminación del recurso hídrico de Guatemala y El Salvador.
El gobierno de Guatemala permite desde el año 2014 la contaminación del lago Izabal debido a la actividad minera de la compañía minera de Guatemala Níquel co.
En Nicaragua, la extracción del oro está provocando luto y dolor a las familias indígenas en una situación cada vez más crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten.
En Honduras el gobierno mantiene castigados con cárcel, desde hace más de dos años, a ocho defensores ambientalistas del río Guapinol.
Las actividades de la minería metálica en Centroamérica generan conflictos ambientales y arrebatan la vida de defensores ambientalistas, crímenes que hasta hoy continúan impunes y que los gobiernos han preferido ignorar.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que luchan por la prohibición de la minería metálica siguen convencidos de que el país no esta preparado para una reversión de la ley de prohibición de la minería metálica, ya que las causas por las que se prohibió no han sido superadas y se pone en riesgo la vida.
Exigen al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir la ley que prohíbe la minería metálica y al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
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DENUNCIA
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.
En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales”.
De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros”[1]. En otras palabras es la empresa que se encarga de cambiar los espejitos por 1perlitas de oro.
De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.
En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue agudizando día con día.
En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
San Salvador 16 de diciembre de 2021
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La práctica nociva de agrotóxicos en el cultivo de caña de azúcar pone en riesgo la vida de las personas en las comunidades centroamericanas, mediante la contaminación de los acuíferos y ríos que proveen de agua a las poblaciones.
Un estudio reciente de Alianza por la Solidaridad reporta que en Centroamérica el “cultivo de caña de azúcar utiliza cuatro tipos de agroquímicos principales: 1) fertilizantes 2) herbicidas y fungicidas 3) inhibidores de flor 4) madurantes. Para sacarle el máximo rendimiento posible a las tierras y al agua utilizadas, las empresas azucareras recurren al consumo de estos agrotóxicos en cantidades cada vez más elevadas.”
En El Salvador el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua.
Pese al peligro y a la amenaza de vida y salud de la población, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, permite el ingreso anual de más de $55 millones de agrotóxicos para su uso en la agricultura.
Es por ello que en el marco del día internacional contra los plaguicidas varias organizaciones sociales, ambientales y personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC), que viven en las comunidades afectadas se presentaron ante el Ministerio de Salud para demandar una política de atención que garantice de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos.
Asimismo, se demandó de la Asamblea Legislativa la prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país. Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013.
Las organizaciones sociales y ambientalistas en El Salvador han mantenido una campaña de denuncia denominada Azúcar Amarga, a través de la cual se busca visibilizar la problemática y los padecimientos que causan las prácticas de fumigación aérea y la quema de cañales que se realizan en este momento debido a la temporada de la zafra.
Situación similar se vive en el vecino país Guatemala, uno de los cuatro grandes exportadores a nivel mundial, la mayor parte de la población se ha visto desplazada a tierras menos fértiles, mientras unas pocas corporaciones se han hecho con la costa sur, la zona agrícola más rica del país, donde se cultivan extensas plantaciones azucareras, bananeras, de palma africana y de hule.
En el caso de Honduras Siete de los diez principales productos de exportación reciben tratamiento por plaguicidas, sobre todo es en las plantaciones de banano donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas.
Los problemas ambientales que pasan en Nicaragua se repiten con variantes, en todos los países del centroamericanos, y son la extensiva tala de bosques, el uso excesivo de pesticidas, la contaminación de las aguas, la erosión del suelo con la pérdida de fertilidad de la tierra, la urbanización masiva, son algunos de los efectos ambientales directos e indirectos que provoca el modelo económico agroexportador, preocupado únicamente por aumentar los beneficios de grupos minoritarios y empresas transnacionales e indiferente ante las consecuencias que a largo plazo esta forma de explotación pueda tener para la población y para el medio ambiente.
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POSICIONAMIENTO
En el marco del día internacional contra los plaguicidas, personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC) aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga piden estrategia nacional para mitigar el aumento de muertes vinculadas a la actividad cañera
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra los Plaguicidas, para no olvidar la tragedia de Bhopal, India. Donde más 25.000 personas han perdido la vida y otras 500.000 han sido afectadas, como resultado de una fuga de gas tóxico, en una fábrica de plaguicidas propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide.
En El Salvador, el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua. Sin embargo, según el MAG, más de $55 millones de dólares en agro tóxicos son importados al país cada año.
En febrero, representantes de comunidades afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar presentamos una carta al Ministro de Salud, Francisco Alabi, explicando que en nuestras comunidades existe una alarmante epidemia, debido a la prevalencia de la enfermedad renal crónica - ERC.
Datos del Ministerio de Salud, confirman que la mayoría de los pacientes diagnosticados por la ERC están asociados a factores tóxico-ambientales y ocupacionales-agrícolas, vinculando esta epidemia sanitaria a la exposición a pesticidas, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud. Los mismos datos reportan que 9,908 personas murieron entre 2009 y 2018 a causa de la ERC. Representando en 2016, la 3ra causa de mortalidad general del país; la 1ra causa de mortalidad en hombres y la 5ta causa de la mortalidad hospitalaria en las mujeres.
En septiembre de 2013, por exigencia de distintas organizaciones sociales, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 473, que reformaba la ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario, para establecer la prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de 53 compuestos activos de agroquímicos tóxicos. Sin embargo, el exjefe de gobierno, Mauricio Funes, no sancionó el Decreto y lo regresó a la Asamblea, con observaciones. Es de lamentar que ninguna de las siguientes legislaturas, incluyendo la actual, ha retomado este tema, a pesar de la evidente gravedad.
Ante este panorama, las personas de comunidades que están gravemente afectadas por el aumento de casos de insuficiencia renal acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga, resaltamos nuestra preocupación por la falta de atención estatal, en materia de salud, ambiental y social, y por la ausencia de una política pública que aborde adecuadamente las causas y consecuencias de esta emergencia sanitaria.
Por el contrario, el gobierno sigue otorgando permisos para la expansión de monocultivos de caña de azúcar, que además de aplicar pesticidas de manera indiscriminada, utiliza practicas letales como: el uso de indiscriminado del agua; plantaciones en terrenos que se encuentran a escasos metros de comunidades rurales, fumigación aérea y quema de caña sin tomar en cuenta zonas de amortiguamiento necesarias para prevenir las afectaciones humanas. Estos abusos han sido denunciados reiteradamente por las comunidades y familias que hoy sufren las afectaciones de la insuficiencia renal crónica.
También nos preocupa que en el contexto de la pandemia por Covid 19, mientras se incrementan las ganancias para unos pocos, generadas por un aumento en las exportaciones de azúcar; se ha precarizado la atención y resguardo de pascientes renales, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria implementadas, agudizando la crisis en todo el país. Lamentamos que en esta realidad muchas de estas personas han tenido la muerte como desenlace.
Por lo anterior, como campaña Azucar Amarga exigimos:
- A la Asamblea Legislativa prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país.
- Al Ministerio de Salud, garantizar de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos utilizados en el monocultivo de caña de azúcar y desarrollar una estrategia nacional para el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica.
- Al Ministerio de Agricultura y Ganadería que regule eficientemente el monocultivo de caña de azúcar y prohíba prácticas dañinas como el riego aéreo y las quemas
- Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013 por los ministros y ministras de Salud de la Región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
- Al Presidente de la República, que emita las instrucciones que estime necesarias para que las instituciones del Órgano Ejecutivo realicen todas las acciones necesarias para el respeto del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano, cuyas violaciones están asociadas a la exposición y utilización de agrotóxicos, especialmente en los monocultivos de caña de azúcar.
- Hacemos un llamado a la población en general, a todos los sectores sociales a nivel nacional e internacional, que se sumen a esta Campaña Azúcar Amarga para que el Estado salvadoreño reconozca la epidemia que sufre por la falta de atención a este grave problema de salud pública.
San Salvador, 3 de diciembre de 2021
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El gobierno de Nicaragua le sigue apostando a la destrucción ambiental causada por la industria minera, especialmente a la extracción del oro, pese a que está comprobado que esta industria no contribuye a la calidad de vida de la población y tiene sus mayores afectaciones en comunidades indígenas que son desplazados de sus territorios ancestrales.
La apuesta del gobierno divulgada a través de la Cámara Minera de Nicaragua, (CAMINIC), es incrementar las exportaciones de oro para el 2023 a 500 mil onzas, aún a costa del impacto ambiental y humano, priorizando las ganancias millonarias a las empresas mineras.
Para cumplir estas expectativas, este 2021 han iniciado operaciones en la Mina San Albino y dos planteles exclusivos para minería artesanal. Además, se espera que el próximo año comience a operar la Mina La India, la cual es conocida por la criminalizacion de la ferrea oposicion comunitaria al proyecto .
Una publicación reciente de la revista Divergentes, señala un área total de 71,000 kilómetros cuadrados destinada para concesiones mineras, lo que representa que el 60% del territorio nacional, ha sido clasificado como territorio de interés minero.
A la fecha los proyectos mineros activos se encuentran en el 11% del territorio. Este porcentaje va en aumentado desde 2017, cuando se aprobó la ley que creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), misma que dispuso 1.5 millones de hectáreas para concesiones mineras.
De principal interés es la empresa canadiense Calibre Mining que según Divegentes, concentra entre 64% y el 70% de la producción minera del país.
El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la mineria se ha extendido en el Caribe Norte, particularmente la región circundante, al área de amortiguamiento y la reserva de la biósfera Bosawas, donde el gobierno ha renovado al menos 21 concesiones, a un plazo de 25 años más para la explotación minera.
La Reserva de la Biosfera Bosawás es un territorio ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, rica en biodiversidad y poblada por comunidades indígenas mayangnas y miskitos. Esta region fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.
La extracción del oro causa ademas luto y dolor a las familias indígenas, el 23 de agosto de 2021, a 50 kilómetros de Bonanza ocurrió la masacre de doce miembros de las comunidades mayagna quienes fueron atacados por mineros artesanales que operan sin licencias eb la zona de Kiwakumbaih.
La situación se vuelve cada vez más crítica para las comunidades que son afectadas por la pérdida de sus tierras de la cuales subsisten para el cultivo, pesca, madera y caza.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), mantiene un registro de las violaciones y asesinatos sufridas por las comunidades indígenas nicaragüenses.
En el 2011 se reportaron 61 indígenas asesinados producto de los conflictos de propiedad entre las comunidades indígenas y los colonos.
Del 2011 al 2020, se registra un incremento de violencia y sometimiento contra las comunidades indígenas, que dan como resultado más de un centenar de asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, 48 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, por mencionar algunos.
Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras.
Las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas usurpadoras quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera.
La política de desarrollo extractivista del gobierno nicaragüense fomenta la violencia a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú que compromete a los gobiernos de la región latinoamericana y el caribe a garantizar derechos ambientales como el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten sus territorios, el acceso a la justicia ambiental y garantías para defensores de derechos humanos.
Este año Nicaragua, junto a Honduras y Guatemala, aparecen en la lista de los cinco países más peligrosos para defensores ambientales en el mundo, según el reporte anual de la organización Global Witness.
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El gobierno salvadoreño agudiza la política de persecución y amedrantamiento sobre diversos sectores que alzan las voces de denuncia ante la ola de abusos y corrupción existente en el país. Las últimas acciones del gobierno, después de los allanamientos a organizaciones sociales, van en contra de lideresas y líderes comunitarios del departamento de Ahuachapan que han sido detenidos y encarcelados por proteger los recursos naturales y en especial el agua.
Este dia en el Juzgado Primero de Paz se llevará a cabo la audiencia inicial de los defensores del agua que fueron arrestados en la madrugada del 25 de noviembre por efectivos policiales y fiscales quienes los acusaban de haber ingresado a una propiedad privada. Sin embargo, los agentes de la policía y la fiscalía omiten que los ambientalistas han estado denunciando la perforación de seis pozos que realiza la empresa Fénix S.A. de C.V. de Salazar Romero en la Hacienda La Labor, ya que esta acción privada daña el acuífero que abastece a cuatro cantones y 14 caseríos donde habitan más de 10 mil familias.
Los líderes comunitarios detenidos son Jorge Zúñiga, David Escalante y Rosa Cinco, quienes se han opuesto al proyecto que pretende destruir 40 manzanas de área protegida, que además es una fuente de agua subterránea, por la construcción de mil 500 casas de la empresa Salazar Romero.
La asamblea general de las Naciones Unidas reconoció explícitamente en el año 2010 “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, los gobiernos centroamericanos siguen comercializando y explotando el recurso hídrico.
Mientras los gobiernos centroamericanos utilizan la fuerza policial y militar para someter a los que mantienen una lucha por la conservación y cuido del medio ambiente y en especial del recurso hídrico, la inseguridad en los países se incrementa de manera acelerada sin que se hagan acciones efectivas para contenerla.
En Honduras una situación similar vive ocho defensores ambientalistas, quienes desde hace dos años han sido encarcelados por proteger el río Guapinol y que las autoridades se empeñan en buscar trabas y dar fallos arbitrarios para perpetuar el castigo a una acción pacífica de denuncia de la contaminación que genera la explotación minera en el afluente.
El gobierno de Guatemala ha impuesto un toque de queda y militarizado la zona de El Estor, Izabal para reprimir y contener a las comunidades indígenas y proteger la acción de extracción de la mina.
La defensa que mujeres y hombres de comunidades rurales hacen a favor del medio ambiente ha sido criminalizada por los gobernantes centroamericanos, quienes inclinan la balanza a favor de la sobre explosión de los recursos, aún y cuando estos generen contaminación de los pocos mantos acuíferos que los abastecen.
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En El Salvador la fiscalía general de la República, junto con la Policía Nacional Civil, iniciaron este día una persecución y amedrantamiento político en contra de varias organizaciones sociales que por años han mantenido una trayectoria de trabajo solidario y humanitario con comunidades y sectores más vulnerables en el país.
La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES; el Movimiento de Mujeres, Las Mélidas; La Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social FUNDASPAD; La Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas, “una Mano Amiga”; la Asociación de Ayuda Humanitaria, PROVIDA; La Asociación de Mujeres Tecleñas; y Fundación Ambientalista de Santa Ana, FUNDASAN, todas aparecen en un listado con orden de allanamiento.
Las primeras sedes en ser allanadas con un fuerte despliegue policial, en donde se les decomisó documentos y se hizo revisión de computadoras fueron Las Mélidas, PROVIDA, PROCOMES.
La presidenta de Las Mélidas, Azucena Ortíz, dijo estar sorprendida por la acción injustificada de las autoridades y considerarlo un ataque directo a la organización, que durante 29 años se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a alfabetización, entre otras.
Responsabilizó a las autoridades por algún extravío de documentos valiosos que le pertenece a la organización y que justifican la utilización de fondos, ya que estos serán retirados tras el allanamiento.
La denuncia de las organizaciones sociales, a través de las redes sociales, sobre los allanamientos y la publicación de varios medios de comunicación, obligó a la fiscalía a comunicar a través de la cuenta oficial de Twitter que los allanamientos se dan por un aviso de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a organismos no gubernamentales, durante el periodo 2011- 2019.
Sin embargo, el allanamiento a las organizaciones sociales fue autorizado por la ex esposa del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, la jueza Primero de Paz de San Salvador, Haydeé Lisett Flores, quien fue electa el pasado 26 de septiembre por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin ser propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura y sin someterse a ningún proceso de selección como lo indica la ley.
Las acciones de persecución y amedrantamiento a organizaciones sociales, ambientalistas, periodistas y medios de comunicación es una política instaurada por gobiernos de Centroamérica que están siendo liderado por presidentes autoritarios.
En Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades liberan una batalla contra regímenes que violentan constantemente derechos fundamentales como los derechos humanos; libertad de expresión; el derecho a la información; derecho al agua y saneamiento; derecho a la manifestación pacífica, por mencionar algunos.
Las medidas instaladas por los gobiernos autoritarios pasan por la imposición de toques de queda, restricción de acceso a la prensa y a la información sobre el uso de los fondos púbicos de los países, persecución y encarcelamientos políticos, control de las instancias públicas y debilitamiento de la independencia judicial, legislativo, policial; todas estas acuerpadas con la ayuda militar y policial de los países.
Estos abusos están siendo denunciados tenazmente no solo por las organizaciones afectadas, sino también por organismos internacionales de derechos humanos, que constantemente hacen un llamado a los presidentes de estos países centroamericanos a regirse por la declaración universal de los derechos humanos y por las constituciones de las repúblicas.
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