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Olman Salazar y su familia han sido víctimas de la violencia ejercida por miembros de la empresa minera Condor Gold y personeros del gobierno de Daniel Ortega.
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A pesar que la minería está prohibida en el Salvador desde el año 2017, la extracción de aguas termales con alto niveles de arsénico ha contaminado las cuencas salvadoreñas por más de 12 años.
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19 proyectos extractivos han afectado los territorios de 152 comunidades y provocaron 129 ataques en contra de defensores ambientales y de DDHH.
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Las hidroeléctricas se posicionan en primer lugar con 57 casos de conflictos con comunidades. La conflictividad por los proyectos en Honduras ha provocado hechos de violencia en contra defensores ambientales, como: asesinatos, criminalización, acoso y despojo de territorios.
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El informe indica un crecimiento acelerado de la minera y de sus impactos ambientales; asimismo, los conflictos sociales que ha generado la actividad minera en el país.
La organización Centro Humboldt presentó su más reciente estudio “Estado del Arte Minería en Nicaragua 2020”, donde informa sobre la expansión, contaminación y la realidad de los impactos de la industria minera en el país. Asimismo, el informe pone en perspectiva las luchas ambientales en las comunidades afectadas por este sector.
Con la llegada del presidente Daniel Ortega, en 2007, las concesiones mineras aumentaron en 310.84%, es decir: en 10 años (2006-2007) los permisos para los proyectos mineros pasaron de 83 a 258, según la Dirección General de Energías y Minas, citado en el informe. En 2012, Nicaragua se convirtió en el principal extractor de oro en Centroamérica con el 35.4% de la producción regional. Para 2019, la producción de oro fue de 295 mil cuatrocientas onzas, un aumento del 25% en relación con los niveles del año 2017.
Los aumentos de los proyectos mineros en Nicaragua fueron beneficiados por la “aprobación y reformas en materia ambiental y regulación de la actividad minería”, dice el estudio. Esto facilitó y flexibilizó la otorgación de concesiones minerías en todo el territorio del país, a través de la aprobación de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas-ley N°953 (ENIMINAS) y del nuevo Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso Sostenible de los Recursos Naturales (decreto 20-2017)
“… este nuevo sistema de evaluación debilita la legislación ambiental por las siguientes modificaciones: reducción de términos en los cuales puede ser aprobado los proyectos; desaparición del principio del que contamina paga; desaparición de la consulta pública; y aumento de categorías ambientales, algunos tipos de proyectos, obras e industria bajaron de categoría”, señaló Centro Humboldt en el informe.
Entre los principales proyectos mineros en Nicaragua se encuentran: Santo Domingo, Bonanza, Mina el Limón, Mina La India, Rancho Grande en el departamento de Matagalpa, Camoapa y San Lorenzo en Boaco y San Albino en Nueva Segovia. En estos sectores se han realizado movilizaciones en contra de la actividad minera, esto por el “incumplimiento de convenios colectivos, derechos laborales y los problemas socio ambientales generados por la industria”, indica el estudio.
“Estos conflictos en torno a la minería han tratado de ser silenciados (a través de la fuerza de seguridad) por el gobierno de Nicaragua mediante el uso de la violencia dirigidas a los líderes anti minería y los defensores ambientales”, denuncia el informe.
Contaminación ambiental por la minería
Las implicaciones ambientales por la actividad minera se ven reflejadas en diversos territorios donde que se desarrollan los proyectos mineros. Por ejemplo: Mina el Limón tuvo una seria de afectaciones a la presa de la cola en 2011. La Laguna cercana al proyecto minero se utilizaba como “recirculación de cianuro”, principal sustancia química para el proceso de extracción de oro. En varias ocasiones se tuvo derrame masivo, poniendo en riesgo la salud de las personas.
En el municipio de Santo Domingo se realizó el muestreo de 29 pozos activos en Tajo Antena tanto adentro como afuera del área de influencia del proyecto minero. Al realizarse la explotación minera en esta zona afectaría las condiciones del acuífero, contaminando las aguas dentro del perfil del suelo, indica el estudio.
Otros de los aspectos es la contaminación que genera la minería artesanal, esto a través del vertimiento de altas concentraciones de mercurio y cianuro, siendo el principal foco de contaminación ambiental.
La pobreza y los proyectos extractivos de la minera continúan afectando a las familias nicaragüenses. Según el estudio, los sectores de actividad minera han desencadenado la fragmentación del territorio, desplazamientos y un cambio en la vida productiva de las personas, contribuyendo al empobrecimiento de las comunidades.
“Las dinámicas extractivas de este modelo ha conllevado serias repercusiones sociales y ambientales que generan conflictividades, violencia y expulsiones forzadas de poblaciones y comunidades, además de exacerbar la polarización socioeconómica y la persistencia de la desigualdad”, cita el informe.
PARA DESCARGAR EL INFORME PRESIONE AQUI
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Hoy se conmemoran 20 años de los terremotos sucedidos en 2001, los cuales dejaron grandes estragos sociales y ambientales; en el marco de este hecho La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) recordó los vacíos que tiene El Salvador en el tema de gestión de riesgos y la falta de políticas ambientales ante cualquier fenómeno natural.
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Es habitual que en la dieta humana se consuma alguna cantidad de azúcar para ciertos alimentos y bebidas; se pasa por desapercibo inconscientemente del daño que se le hace al cuerpo porque se desconoce de donde proviene la azúcar extraída de los grandes ingenios azucareros que pasa a través de la explotación humana y ambiental.
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La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denuncia la continua violación de los derechos humanos y particularmente la reciente violación al derecho al Debido Proceso de los defensores ambientales Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez quienes siguen bajo medidas de prisión preventiva por su defensa del Rio Guapinol.
El 18 de diciembre de 2020, la jueza Zoé Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el equipo legal de los ocho defensores ambientales recluidos desde septiembre del 2019 por presuntos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad. En su dictamen, la jueza no dio explicación legal para mantener las medidas, a pesar que los cargos de asociación ilícita, que son los que podrían justificar prisión preventiva, fueron desestimados en una resolución anterior; además, no tomo en consideración que los defensores se presentaron voluntariamente a responder por los cargos que se les imputan en agosto de 2019, ni los riesgos a la salud presentados por la emergencia sanitaria COVID-19.
Las medidas carcelarias son el resultado de una denuncia por parte de la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek ante Ministerio Público de honduras como respuesta a la oposición social a su proyecto de extracción de Óxido de Hierro ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Carlos escaleras. En agosto de 2018, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), con el apoyo de varias organizaciones y comunidades, instalaron el “campamento por el Agua y la Vida” para protestar contra los impactos ambientales causados por la implementación del proyecto minero. Entre las denuncias de la comunidad se encuentran la adjudicación irregular de licencias mineras dentro de un área protegida, los impactos ambientales del proyecto minero en una de las zonas más importantes de recarga y reserva hídrica de la región del Aguan, y la falta de consulta pública ante las comunidades afectadas.
El campamento fue desmantelado en octubre de 2018 haciendo uso excesivo de la fuerza, más de 1500 efectivos policiales y militares fueron movilizados para desalojar a unos doscientos miembros de la comunidad. Seguido al desalojo, la empresa en coordinación con el Ministerio Público iniciaron una campaña de desprestigio y amenazas públicas contra opositores del proyecto, la fabricación de cargos criminales que llevan penas excesivas y la aplicación de la ley con fines políticos. En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.
Seguido al dictamen de la jueza Zoé Guifarro, el equipo legal de los ocho defensores presento un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba que debió haberse adminitido de manera expedita, según las normas establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras, pero la Jueza Zoe Guijarro admitió el recurso con tres semanas de retraso, asegurando asi que los defensores pasaran la navidad bajo prisión.
Las irregularidades procesales de este caso solo pueden explicarse por un pacto silencioso entre el poder Ejecutivo, el ministerio público y la empresa Inversiones los Pinares / Ecotek para criminalizar a los opositores del proyecto minero que afectaría a uno de las principales fuentes de agua potable para la región del Aguan.
Desde ACAFREMIN, condenamos la persecución y criminalización contra los defensores del río Guapinol. Este caso es emblemático de un patrón de violencia y violaciones a los derechos humanos de defensores del agua y la tierra perpetradas por los estados de la región en complicidad con empresas extractivas que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros bienes comunes a costa de la destrucción de la biodiversidad, las fuentes de agua y la vida de las comunidades.
Como alianza nos unimos as demandas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y la comunidad internacional para exigir:
- Que la Corte de Apelaciones de la Ceiba resuelva la libertad inmediata de los 8 defensores del Agua en Caso Guapinol y Sector San Pedro que se encuentran en prisión preventiva de manera arbitraria.
- Que cese la campaña de persecución judicial, amenazas y hostigamiento permanente contra defensores y defensoras de derechos humanos del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, sus organizaciones miembros y familiares de los presos por parte del Estado de Honduras y la empresa Inversiones los Pinares/ECOTEK. Exigimos la Salida Inmediata de la Empresa minera inversiones los pinares y ECOTEK del Municipio de Tocoa Colón.
- En virtud del cabildo abierto que declaro a Tocoa como municipio libre de minería, en noviembre de 2019, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras en Tocoa Colón Honduras como una solución al conflicto minero en el municipio.
4 de enero de 2021
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