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El anuncio del gobierno hondureño de declarar su territorio libre de minería a cielo abierto creó la expectativa de regular a esta industria que por décadas ha atentado contra los bienes naturales, ha puesto en riesgo la salud pública y ha limitado el acceso al agua como derecho humano de las poblaciones centroamericanas. Sin embargo, cinco meses después surgen las interrogantes ¿hasta dónde llega el compromiso real de esta declaratoria?
La promesa inaugural de la presidenta Xiomara Castro de sumar a honduras al grupo de países que se han declarado libres de minería a cielo abierto, generó una serie de reacciones positivas por parte de las organizaciones sociales y ambientales y comunidades al rededor del mundo que por años han luchado contra los impactos negativos y las violaciones de derechos generados por la economía extractivista.
Pero un análisis reciente publicado por el especialista de CESPAD, Bladimir López, destaca la falta de acciones que dejan en duda el alcance de la declaratoria, por ejemplo, todavía no existen garantías para la protección de defensores de derechos ambientales, no se han removido los obstáculos que enfrentan, ni tampoco se están generando las condiciones para que puedan ejercer su labor en un contexto de seguridad.
En Honduras, particularmente en los últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández, se hicieron reformas a la Ley de Minería para ampliar los beneficios fiscales a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual genero una gran cantidad de concesiones y permisos que en muchos casos fueron obtenidos de manera irregular. Un reporte presentado por CEHPRODEC en el año 2018, concluyo que el total de las concesiones metálicas alcanzan 115 y las no metálicas 187 para un total de 302. De estas concesiones, 173 se encuentran en calidad de exploración y 129 en calidad de explotación. El reporte ademas determino que existian 193 solicitudes en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)
En este ambiente de permisividad administrativa es que Inversiones ECOTECK recibió en el año 1919, una licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro”, a través de un proceso corrupto y engañoso.
El Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa ha presentado un amparo ante la Secretaría del Medio Ambiente por la extensión de dichas licencias, argumentando que las actas y listados de participación en la consulta requerida por la Ley de Medio Ambiente presentadas por la empresa a las autoridades locales fueron claramente alteradas.
Esto suma a una serie de ilegalidades en la extensión de permisos y licencias a la empresa Inversiones Los Pinares y la empresa Inversiones Ecotek que son responsables por impulsar el mega proyecto de explotación de óxido de hierro que contiene concesiones para explotación a cielo abierto en áreas protegidas del parque Carlos Escaleras, permisos para la construcción de la planta peletizadora ECOTEK, permisos para la planta eléctrica ECOTEK; y permisos para la explotación de aguas del río guapinol para uso privado de la empresa.
Mientras tanto, la empresa continúa dirigiendo una campaña de calumnias y criminalización contra más de 32 opositores del proyecto minero que resultó, en el año 2019, en la privación de libertad de 8 defensores del rio guapinol por más de dos años y medio.
Hasta la fecha, el anuncio realizado por el nuevo gobierno de Honduras de poner fin a la minería a cielo abierto y cancelar permisos que fueron extendidos de manera irregular no ha resultado en acciones concretas para las comunidades de Tocoa que por años han librado una ferrea batalla por defender la integridad de sus territorios.
Al contrario, el alcalde Adán Funes, quien es nombrado como responsable de la falsificación de documentos públicos para apoyar de manera fraudulenta a la empresa Inversiones Ecotek, ha sido recompensado por el gobierno de Xiomara Castro con el puesto de Gobernador del departamento de Colón lo que aumenta su caudal político.
Con este nuevo poder político, Adán Funes continúa robusteciendo su alianza con la empresa, lo que se demuestra claramente con la firma del nuevo convenio entre la municipalidad y la empresa Ecotek, donde se le permite llevar a cabo obras de construcción de vías públicas a pesar de la oposición ciudadana.
El gobierno de Xiomara Castro sigue arrastrando la deuda de instalar un mecanismo eficiente para atender los reclamos históricos de justicia socio ambiental en honduras; y como el resto de gobiernos de la región Centroamericana, se muestra apático a saldar esta deuda con los pueblos y comunidades afectadas, al continuar favoreciendo intereses particulares por encima de los bienes comunes y la vida.
Un primer paso para comenzar a saldar esta deuda sería buscar la adhesión al Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los Gobiernos a implementar medidas para garantizar derechos ambientales como el acceso a información, la consulta ciudadana, el acceso a mecanismos de justicia y la protección de defensores de derechos.
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La población de Asunción Mita pide decidir sobre el destino de la mina Cerro Blanco y una explicación sobre los impactos reales de salud y medio ambiente que provocará la extracción de minerales, sobre todo la contaminación de los principales afluentes de ambas naciones Guatemala y El Salvador a través de las aguas de los ríos Ostúa, Lempa y el lago de Guija.
La consulta ciudadana se llevará a cabo gracias al esfuerzo de lideresas y líderes comunitarios que se dieron a la tarea de recolectar más de 4 mil firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral para solicitar al gobierno municipal de Asunción Mita a realizar la Consulta de Vecinos como lo establece el reglamento del código municipal.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del código municipal, el gobierno de Asunción Mita está obligado a consultar toda medida legislativa o administrativa que afecte el territorio, incluyendo todos los proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales y son los ciudadanos quienes le darán el aval a este tipo de proyectos, luego que se les explique los impactos ambientales que provocarán.
La mina Cerro Blanco esta en desarrollo desde hace 14 años, pero su explotación ha sido un fracaso debido a que las diferentes empresas que la han operado no han hecho un estudio de impacto ambiental adecuado y han encontrado dificultades técnicas debido a la presencia de agua termales. La propuesta más reciente de transformar la mina a una mina a cielo abierto, hecha por la empresa Bluestone Resources de Canada, ha sonado las alarmas en la población de Asunción Mita y organizaciones ambientales de Guatemala y El Salvador debido a la magnitud de los impactos ambientales.
Los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros que generarán drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador.
La empresa Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña engañosa referente a los permisos ambientales ante sus inversionistas, y la compra de voluntades en las comunidades.
Ante esta grave amenaza, la población organizada de Asunción Mita, Jutiapa, con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, presentaron la petición de consulta con más de 4 mil firmas de vecinos al alcalde René Guardado, quien, acompañado del consejo municipal, se comprometió a hacer “lo que sea mejor para la población.”
Sin embargo, no pudo responder cuando se le cuestionó porque la alcaldía ha facilitado permisos de construcción a la empresa minera sin tener un permiso ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y conociendo los impactos irreversibles que este proyecto ocasionara al medio ambiente.
El concejo municipal en pleno, junto con el alcalde, también escucharon la presentación de la experta Ingrid Haulsinger, master en Geología, modelaje ambiental y coordinadora de la Fundación Heinrich Böll de El Salvador, quien señaló los daños irreversibles que este proyecto podría ocasionar al agua y la salud de la población, los cuales dijo están citados en la actualización del estudio de Impacto Ambiental que la empresa minera ha presentado al Ministerio del Medio Ambiente.
Este primer encuentro con las autoridades municipales y la población organizada sienta un precedente importante en la lucha contra la minería en Guatemala y demuestra la fuerza de la organización comunitaria.
Los líderes organizados de ambas naciones Guatemala y El Salvador, se mostraron muy satisfechos con el primer logro alcanzado y si aseguraron que continuarán luchando hasta que la mina Cerro Blanco sea clausurada.
En las próximas semanas se espera que el gobierno municipal anuncie el proceso de la consulta ciudadana.
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El cultivo de la caña de azúcar genera males colectivos que siguen sin ser atendidos por las autoridades gubernamentales de los países de Centroamérica. Recién finaliza la zafra en El Salvador y el recuento hecho por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales reflejan datos alarmantes en cuanto a contaminación y explotación excesiva de fuentes de agua, riesgo por enfermedades crónica y contaminación ambiental.
Mientras los países de primer mundo venden la idea del mercado azucarero como una buena oportunidad e incentiva a la región centroamericana a expandir sus producciones a estos cultivos. Sin embargo, no dicen las consecuencias que deja a las poblaciones el cultivar la azúcar amarga.
Según datos de una investigación de mercado ejecutado por la CentralAmericaData en Centroamérica, Guatemala y El Salvador son los países con mayor producción de azúcar y por ende los más afectados por las malas prácticas que implementa esta industria.
Los representantes de organizaciones sociales y ambientales que acompañaron, en conferencia de prensa, a líderesas y líderes comunitarios para denunciar la expansión descontrolada de cañales que ocupan cada vez más territorio y la extracción de agua, dejando a las comunidades en relegadas y sin el vital líquido.
Otra de las problemáticas denunciada son los riegos aéreos con agroquímicos tóxicos que ponen en riesgo la vida de las poblaciones colindantes. Según los denunciantes el aire hace que el veneno se extienda en las casas de habitación y en los cultivos o huertos caseros, lo que les esta provocando serios problemas de salud e intoxicación.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante, el cual lo aplican unos 20-25 días antes de la cosecha a través de medios aéreos.
Los incendios descontrolados por la quema de la caña también se han vuelto un riesgo para las poblaciones que viven en las comunidades aledañas a los cultivos, ya que lo único que separa las viviendas de las quemas de caña son unos cercos de alambre.
Durante el 2021 en los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua.
Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población, continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022 las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigen al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
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Cada año, al concluir la zafra, la agroindustria azucarera anuncia, con aires de grandeza, un incremento en la producción de azúcar. La cosecha 2018 / 2019 mostró un incremento del 4.6% en relación al periodo anterior. De igual manera, la cosecha 2019 / 2020 cerró con un nuevo récord en el que se produjo un total de 17.9 millones de quintales de azúcar; en el periodo 2020 / 2021 fue de 17.04 millones y en la zafra 2021 / 2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjo 17.5 millones de quintales de azúcar.
Además, la última cosecha produjo 53.9 millones de galones de melaza, con lo cuál los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en los que se desarrolla el monocultivo y con la vida de las y los trabajadores en él.
Las comunidades que habitan en las regiones circundantes a los cañales, son poblaciones empobrecidas, en condición de vulnerabilidad a quienes se les transgrede el derecho a la salud, agua y medio ambiente sano, que han sufrido por largos años los graves impactos del monocultivo de la caña de azúcar a partir de quemas, aplicación de químicos tóxicos y la contaminación del suelo y agua.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante. Se aplica unos 20-25 días antes de la cosecha generalmente a través de medios aéreos que además son ineficientes.
Las malas prácticas mencionadas han sido denunciadas y algunas están prohibidas, pero se han mantenido generado, entre otros males, una epidemia de insuficiencia renal crónica. El padecimiento y las muertes por esta enfermedad aumentan en la proximidad a las zonas agrícolas donde se aplican los agroquímicos, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y la cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad va en aumento cada año. A pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado, por negligencia o incapacidad, no ha logrado decretar una prohibición de los agroquímicos.
Con respecto a la quema de los cañales, además de daños a la salud, tiene altos costos ambientales como el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, la alteración del microclima, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Por otra parte, cultivar caña y producir azúcar requiere un elevado uso de agua.
La caña se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación, lo que agota los suministros de agua para los pequeños productores y comunidades locales. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua. Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población , continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022, las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigimos al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
¡¡Otra agricultura es posible, sin monocultivos, ni agroquímicos!!
Campaña Ciudadana “Azúcar Amarga”
San Salvador, 06 de mayo de 2022
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El día internacional de la Tierra, 22 de abril, el lago de Guija, en la frontera de El Salvador y Guatemala, se volvió el punto de encuentro de dos pueblos que mantienen una lucha permanente por la defensa del agua y el lugar donde hicieron un llamado de atención para que se garantice la conservación y protección de los afluentes hídricos que dan la vida a cientos de comunidades en ambos lados de la frontera.
Las Organizaciones ecológicas de El Salvador y Guatemala realizaron en conmemoración del Día de la Tierra, una marcha acuática para denunciar la contaminación de afluentes trasfronterizos causada por la mina a cielo abierto Cerro Blanco que se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador.
Los defensores ambientales recorrieron en lancha el lago de Guija para demandar a las autoridades de ambos países centroamericanos frenen la minería a cielo abierto que genera una cadena de contaminación en las cuencas compartidas iniciando en el río Ostúa tributario del lago de Guija que a su vez alimenta al río Lempa.
El pasado 21 de noviembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minería a cielo abierto. Pero, organizaciones ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
Esta extracción pone en riesgo los afluentes hídricos de ambos países por la liberación de metales pesados como el arsénico, que a su vez pone en riesgo la vida de las familias en las comunidades.
Julio González activista del Colectivo Madre Selva asegura que es necesario que los gobiernos se comprometan a proteger el medio ambiente, especialmente el agua que está amenazada por la industria extractiva que es altamente contaminante.
“Se está alentando y permitiendo que se puedan desarrollar más proyectos mineros, en el caso de la mina Cerro Blanco esta es un contaminante tanto para Guatemala como para El Salvador”, dijo.
La empresa Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, pretende incrementar la extracción de 1000 toneladas diarias de material a procesar a 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo.
Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventualmente generará drenaje ácido que contaminan las aguas, el suelo y el aire y son dañinos para la salud de las familias en las comunidades.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la actividad económica de la mina, con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Las familias que viven en la comunidad Las Cuevitas en Metapán, El Salvador, a las orillas del lago de Guija aseguran sentirse preocupadas pues la contaminación que ya presenta el lago es un problema que afecta sus tareas diarias y las actividades mineras en el vecino país de Guatemala incrementarían aún más los niveles de contaminación.
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Cada 22 de abril se celebra “el Dia Mundial de la Tierra” con el objetivo era crear una conciencia global sobre los problemas socio ambientales del planeta como la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos. Este es un día para reconocer a la Tierra como nuestra casa común, como la madre que nos da vida a través de una íntima interdependencia entre la naturaleza y los seres vivos que la habitamos.
En ningún país del continente americano es tan necesario reconocer esta interdependencia como en El Salvador: el estado con el territorio más pequeño, con la taza de densidad poblacional más alta, con limitadas reservas forestales, con la menor accesibilidad de agua per cápita en la región centroamericana y con mas del 90% de aguas superficiales contaminadas por la industria y la actividad humana. A esto se añade la vulnerabilidad territorial debido a la intensa actividad sísmica y a su ubicación en el corredor seco de Centroamérica, que lo convierte uno de los países más susceptibles a los embates del cambio climático.
Esta crisis ecológica que se agudiza cada día, se vuelve el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en un sistema político democrático basado en el estado de derecho, pero que vive en una crisis socio-económica crónica causada principalmente por las demandas de un sistema económico extractivo que requiere gobiernos dóciles a las demandas de las grandes corporaciones para transformar los recursos naturales en productos de consumo para el mercado global.
En ese sentido, ningún gobierno de la posguerra ha logrado generar el tipo de transformación estructural necesaria para que El Salvador pueda buscar la vía de la sustentabilidad ambiental que garantice la vida de las futuras generaciones. Sucesivos gobiernos, a partir de los acuerdos de paz de los 90s, han fallado en erradicar los problemas de corrupción, pandillas, inmigración, pobreza, y la progresiva degradación ambiental del país. Tampoco han logrado implementar un estado de derecho con instituciones públicas independientes que respondan principalmente a los intereses de la ciudadanía.
Por su parte el gobierno actual ha retornado a las prácticas antidemocráticas del pasado: instrumentalizando a las instituciones castrenses que regularmente toman acciones para restringir los derechos de la población, desmantelando la frágil institucionalidad democrática del país, atacando a la libertad de prensa y la libertad de organización e implementando medidas económicas que han resultado en un mayor endeudamiento del país y un mayor despojo de nuestros recursos naturales.
Minería transfronteriza una amenaza inminente para el país
Una de las amenazas más inmediatas a la sobrevivencia de nuestro medio ambiente es la contaminación que podría ser causada por la minería transfronteriza. A pesar que la minería metálica esta prohibida a nivel nacional desde abril del 2017, en las zonas transfronterizas de Honduras y Guatemala existen más de 50 áreas de interés minero que podrían desarrollarse y contaminar las principales fuentes de agua para los salvadoreños.
El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del rio Lempa que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources.
El pasado 21 de diciembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
En esa ocasión, las comunidades organizadas y organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de manipular las leyes ambientales de Guatemala para evitar realizar todo el debido proceso que implica, entre otras cosas, la realización de una consulta amplia en las comunidades que se verían directamente afectadas por este cambio.
La magnitud de los cambios propuestos por la empresa es extrema: desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas y polvos que son dañinos para la salud. Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, hemos expresado nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial por parde de las autoridades. En Salvador también hemos denunciado la falta de iniciativa por parte del gobierno para retomar con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
Este Dia de la Tierra reunidos en el lago de guija para protestar los impactos de la Mina Cerro Blanco, instamos a las autoridades gubernamentales de el salvador y Guatemala a reflexionar sobre la necesidad de transformar la relación que nuestras sociedades tienen con su entorno natural y la necesidad de implementar leyes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades económicas extractivas que destruyen nuestro medioambiente, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas y el derecho de las comunidades a decir no a proyectos de muerte.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
¡El agua es vida, fuera empresas mineras de nuestras fronteras!
San Salvador, 22 de abril de 2022
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Cinco años han pasado desde que El Salvador declaró el territorio libre de minería metálica y aunque los proyectos de extractivismo se detuvieron durante este periodo, nuevamente se denuncia el riesgo de que puedan resurgir, pese a tener una ley de prohibición.
Durante los cinco años de prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han mantenido una campaña permanente para que el Estado salvadoreño desarrolle las normativas necesarias para la aplicación de la ley y que salde las deudas pendientes con la población salvadoreña, sin que hasta hoy se haya logrado algún avance.
Deudas pendientes de compensación
La lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar la amenaza del extractivismo minero en el país.
Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados al medio ambiente y la salud de las personas; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado. Las deudas pendientes de compensación se enlistan en:
- Pendiente quedan la justicia y reparación para los familiares de las víctimas de la violencia minera en el departamento de cabañas.
- Pendiente de aplicar cierres técnicos de minas que frenen la contaminación del agua y los suelos causados por 15 minas abandonadas en el oriente del país
- Pendientes procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la explotación de minas, particularmente las afectaciones en la comunidad San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que desde hace más de una década sufre los impactos del drenaje acido causado por la mina del mismo nombre.
- Pendiente la conversión de la minería artesanal y la creación de condiciones y alternativas idóneas para que las familias que residen en los cantones de San Sebastián y Santa Rosa de Lima subsistan de actividades económicas alternativas.
Protección de aguas transfronterizas
En el quinto aniversarios de la prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Contra la Minería Metálica también hicieron un llamado al gobierno de El Salvador para que haga uso de los tratados y convenios internacionales para denunciar la amenaza de contaminación del lago de Guija y el rio Lempa ante los avances del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
La empresa canadiense Bluestone Resources anuncio que el proyecto tiene el visto bueno del gobierno guatemalteco y que espera explotar 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de oro en un período de 11 años. Según ha declarado el presidente de la empresa, Jack Lundin, “Cerro Blanco” se convertirá en la mayor productora de oro de Centroamérica.
Para evitar la contaminación transfronteriza que amenaza al país, La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, junto a otros espacios ambientales han propuesto al gobierno que lidere la negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio, existen más de 40 concesiones mineras que amenazan al país en las fronteras de Honduras y Guatemala.
En el quinto aniversario de la prohibición, ambientalistas también demandaron que la prohibición minera se eleve a un rango constitucional y denunciaron la adhesión del Estado salvadoreño al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible- IGF, una institución financiada por el gobierno canadiense para promover sus empresas mineras a nivel internacional.
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El Gobiernos de Honduras resolvió recientemente la suspensión inmediata de las actividades mineras de la empresa MINOSA, por contravenir las sentencias judiciales que prohíben sus operaciones en el cementerio Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en el departamento de Santa Barbara de Copan.
La resolución responde al conflicto entre la empresa y la comunidad Chortí en Azacualpa que ha denunciado la profanación y destrucción de un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad, pese a haber sido declarado patrimonio cultural en el año 2015 y de existir un amparo judicial emitido por la Corte Suprema de Justicia que le da protección.
La resistencia de la comunidad Maya Chorti comenzó en el año 1998 cuando la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals, inicio sus operaciones en una concesión de explotación otorgada por el gobierno hondureño. Desde entonces las comunidades se han organizado para proteger su territorio, su patrimonio cultural y sus derechos constitucionales.
El conflicto se agudizó en el 2012, después que la empresa hiciera pública su intención de exhumar y remover unas 400 osamentas del cementerio local que según organizaciones comunitarias data desde hace 200 años y que pertenece tanto a Azacualpa como a otras comunidades aledañas. Este anuncio fue recibido con consternación en las comunidades que intensificaron su lucha no solo contra el despojo de sus tierras, viviendas y monumentos históricos sino también contra la profanación de los restos sus seres queridos.
En noviembre del 2020, la corte suprema de justicia ratifico la sentencia ante un juzgado local de Santa Rosa, que había ordenado el cese de las exhumaciones. Pero la, empresa en complicidad con la municipalidad y el Ministerio Publico se rehúsa a acatar la orden y ha continuado sus operaciones. Desde diciembre de 202,1 ha seguido el proceso de exhumación con el apoyo de cuerpos de seguridad pública, a pesar de las denuncias de la comunidad.
Estos actos de agresión y descontrol han obligado a la Secretaría de Estado en los Derechos Humanos de Honduras a emitir un tímido boletín en donde comunica a la comunidad nacional a internacional que ha constatado las graves violaciones y desacato judicial por parte de la empresa minera, y que la profanación del cementerio ha hecho retornar el conflicto en dicho territorio. La resolución manda también a suspender las licencias del proyecto y a las autoridades competentes a emitir un reporte al ejecutivo.
Si las autoridades hondureñas no actúan en defensa de los derechos de los pobladores indígenas de la comunidad Chortí, Azacualpa será la siguiente comunidad en desaparecer a consecuencia del desplazamiento forzado que provoca la actividad minera.
Según registros de algunas publicaciones anteriores, las aldeas San Andrés, Platanares y San Miguel fueron reubicadas en la década de 1990 por el extractivismo. En San Andrés, una iglesia con vestigios coloniales del siglo XVIII, incluso declarada patrimonio histórico y cultural, fue también destruida, al igual que el cementerio de Azacualpa.
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