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Fotografias por: EFE

La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condenó este jueves el asesinato de los defensores ambientales Roberto Antonio Argueta y José Mario Rivera y exigió a las autoridades investigar los crímenes.

El viernes 26 de agosto del 2019 siete defensores ambientales de la comunidad de San Pedro, en Tocoa, Colon, Honduras fueron remitidos a la Penitenciaria Nacional de Támara acusados por delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas. 

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente. 

Bajo el incesante sol y los riesgos de inseguridad que agobian a la capital hondureña, se encuentra un grupo de pobladores de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que ha montado un campamento en las afueras del Ministerio Público, exigiendo la liberación inmediata de siete ambientalistas y la cancelación del concesionamiento minero otorgado a la empresa Los Pinares.

Bajo el incesante sol y los riesgos de inseguridad que agobian a la capital hondureña, se encuentra un grupo de pobladores de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que ha montado un campamento en las afueras del Ministerio Público, exigiendo la liberación inmediata de siete ambientalistas y la cancelación del concesionamiento minero otorgado a la empresa Los Pinares.

El 23 de agosto en cabildo abierto en la Abisinia, la Corporación Municipal declara gran parte del Municipio ser libre de minería. En primer lugar y libre de prejuicios, admito que es un primer paso, felicito a la filial de Patronatos y población del sector, parte importante del Comité Municipal, por su interés, audacia, pulso y claridad de objetivo.

La compañía da empleo a casi tres mil personas y tiene contratos con más de 300 proveedores que se encuentran afectados, mientras la máxima Corte emite el fallo definitivo. Representantes de pobladores de El Estor, Izabal, presentarán ante la Corte de Constitucionalidad (CC) los documentos que avalan las consultas comunitarias realizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2005, y que fue actualizada en 2018, para que los magistrados conozcan en definitiva el fallo que suspendió a la minera Fénix.

Fotografias por: Karla Rodas

En la región centroamericana se han producido distintos desastres ambientales vinculados con el sector económico causados en su mayoría por malas prácticas de exploración y explotación minera que afectan a comunidades próximas a empresas mineras.

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