La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, sentencias sobre funcionamiento de la hidroeléctrica Renace y de la mina a cargo de la compañía Guatemalteca de Níquel, son algunas resoluciones que deja pendiente el magistrado Bonerge Mejía por falta de tiempo y la emergencia sanitaria por el coronavirus, y que la magistrada Gloria Porras tendrá que gestionar.
En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid-19 su situación empeoró, denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Tocoa, Colón.-La empresa minera Inversiones Los Pinares desde sus inicios ha contado con el apoyo de diferentes instituciones del Estado hondureño para imponerse en el municipio de Tocoa, Colón y explotar el óxido de hierro del parque nacional Montaña de Botaderos. Tal es el caso que cuando los pobladores de varias comunidades se opusieron a su instalación fueron desalojados de forma violenta el 27 de octubre del 2018 por más de 1000 elementos policiales y militares.
Calibre Mining Company dio a conocer a través de un comunicado, que ha iniciado un proceso de requisitos que incluye la solicitud de»cierre temporal de operaciones» tanto en Mina El Limón en León como Mina La Libertad en Chontales.
La organización Alianza por la Solidaridad, en el marco de su campaña TIERRA, impulsó la investigación “Destierrradas, visibilizando luchas y resistencias de Defensoras de Derechos que afrontan conflictos socio- ambientales en Guatemala y El Salvador”, en la que se hace eco de las realidades de mujeres que han asumido el vínculo con sus territorios, sus culturas y su cosmovisión, desafiando al sistema al defender lo que por ley les pertenece.
Los defensores ambientales de Centroamérica enfrentan intimidación, persecución, amenazas de muerte, exilio y hasta son asesinados. Todo esto después de denunciar públicamente a empresas que contaminan y arrasan con los pocos recursos naturales que quedan en la región. Los Estados, que deberían garantizar su seguridad e impedir la depredación ambiental, otorgan permisos y concesiones a industrias mineras, hidroeléctricas y monocultivos para explotar comercialmente los bienes naturales.
En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía. La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.
Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) a la Comunidad Nacional e Internacional, a las Organizaciones Nacionales e internacionales de Derechos Humanos, OACNUDH, CIDH, CONADEH, Secretaría de Derechos Humanos en Honduras, Sistema de Protección en Honduras.
