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La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán resolvió declarar sin lugar una apelación del Ministerio Público y la minera Inversiones Los Pinares, donde pretendían echar por tierra una resolución de un juez de competencia nacional de emitir un sobreseimiento definitivo a favor de 12 defensores del Río Guapinol.

Por unanimidad de votos, la Corte confirmó que los ambientalistas no cometieron los delitos de usurpación y daños en contra la empresa minera Inversiones los Pinares. La decisión fue respaldada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras. 

Una nueva legislación y un arbitraje perdido obligaron a cerrar la mina. La compañía australiana Oceana Gold anunció recientemente que ya no invertirá en la mina de El Dorado, y que procederá a cerrar el proyecto de exploración y explotación que venía desarrollando en el cantón San Francisco El Dorado, en San Isidro, Cabañas.

Diputados y diputadas de La Asamblea Legislativa aprobaron con 78 votos la reforma constitucional a los artículos 2 y 69 donde incluye el agua como un derecho fundamental de la vida del ser humano así como al saneamiento como garantía al acceso de agua de buena calidad. Defensores en la lucha por el agua mencionan que, pese a esto, dicha reforma deja un vacío al no clarificar que la administración del agua tiene que ser sin fines de lucro.

Naciones Unidas (ONU) respaldó la denuncia de las comunidades y organizaciones indígenas, quienes denunciaron casos de corrupción en proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca, en Intibuca.

Una nueva jugada en favor de los grupos económicos se dio la semana pasada en el Congreso Nacional, cuando los diputados y diputadas del oficialismo aprobaron sin discusión, reformas a la Ley de Minería, las mismas van encaminadas a otorgar beneficios fiscales a las empresas mineras nacionales y extranjeras.

En Honduras existen 47 comunidades garífunas que están cercadas por el monocultivo de la palma africana. La comunidad de Nueva Armenia en Atlántida fue desplazada forzosamente en el pasado por el boom bananero y hoy es testigo de cómo el 70 % de sus tierras ha sido invadido por la palma. Lo único que piden es que el Estado les restituya su territorio ancestral.

 

Desde Honduras hasta Perú hay denuncias de comunidades indígenas y afrodescendientes que aseguran estar perdiendo su tierra y el acceso a los ríos que ahora son utilizados para la producción a gran escala de palma africana. Cuatro reportajes de Mongabay Latam revelan cómo comunidades indígenas y afro en Ecuador, Colombia, Perú y Honduras luchan contra la invasión palmera en sus territorios o cómo algunas empresas ahogan pequeños territorios ancestrales entre extensos paisajes de este monocultivo.

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