El 24 de septiembre de 2020 será recordado como un día sombrío, en el que se consumaron las amenazas e intereses deliberados de abandonar la dimensión ambiental en la gestión pública gubernamental, un día en el que la administración de Gobierno demostró que no quiere avanzar en democracia y gobernanza ambiental, una oportunidad única que ofrecía la firma del Acuerdo de Escazú.
Las diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba emitieron un pronunciamiento rechazando el modelo económico extractivista promovido desde el gobierno de Honduras y que amenaza los recursos naturales y la soberanía de Honduras. De igual forma recordaron que la iglesia defiende la verdad, la justicia y el derecho por lo que la construcción de un modelo económico que no represente un riesgo para la vida humana y natural, es urgente.
La primera parte de este reportaje, Indígenas en Colombia (I): entre las masacres los desplazamientos y el narcotráfico, abordó la violencia contra las comunidades indígenas en ese país.
El 26 de septiembre venció el plazo para que el presidente Nayib Bukele firmara el acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y El Salvador junto con Honduras fueron los únicos dos países centroamericanos que no adoptaron el tratado por la vía del Ejecutivo.
El próximo 26 de septiembre se cumple el plazo de dos años establecido para que los países de América Latina y el Caribe firmen el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales.
La industria minera tiene al menos 53 proyectos transfronterizos entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos proyectos amenazan con contaminar y secar las aguas compartidas de los países de la región centroamericana.
El Estado de Honduras otorgó una concesión minera para la extracción de óxido de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras, departamento de Colón. Las comunidades organizadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos denuncian los daños ambientales provocados en los ríos Guapinol y San Pedro, acarreando desplazamiento forzado, procesos de criminalización y muerte. Irma Andrea Lemus fue desplazada y por poco secuestrada.
Tristeza, impotencia, precariedad económica y emocional, sobresale en la vida de las familias de los ocho defensores del ambiente de Tocoa, Colón, quienes permanecen privados de libertad acusados de una serie de delitos. “Nosotros somos víctimas de la injusticia, el único delito que han cometido nuestros familiares, es luchar contra la empresa minera Los Pinares, que contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen en el parque nacional Carlos Escaleras, lugar donde está la concesión”.
